SE ESTABLECE LA CREACIÓN DE UN ÓRGANO CIUDADANO DE OBSERVACIÓN DEBIDO A LOS ALTOS ÍNDICES DE VIOLENCIA
El Acuerdo para la Cobertura informativa de la violencia fue firmado por más de 60 directivos de medios de comunicación, académicos, organizaciones sociales, civiles, universidades, empresarios, en el marco de la presentación de la segunda edición de Iniciativa México, lo que le convierte en el primer pacto en América Latina.
Además se establece la creación de un órgano ciudadano de observación debido a los altos índices de violencia registrados en contra de periodistas mexicanos por parte del crimen organizado en la última década, cifra que aumenta año con año, ha obligado a los medios de comunicación de México a unirse para impulsar un gran acuerdo nacional que resguarde la seguridad de los reporteros que cubren la información sobre el narcotráfico.
Firma que "no significa que (los medios de comunicación) renunciemos a nuestra responsabilidad de cuestionar la efectividad de la acción gubernamental contra el crimen organizado", coincidieron en opinar personajes ahí reunidos. Los medios en su conjunto alentaran la creación de un órgano ciudadano de observación que lleve a cabo reportes periódicos sobre el apego de éstos a los criterios editoriales señalados en el acuerdo.

FIRMAR PROTOCOLO QUE AMPARE LA SEGURIDAD DE LOS REPORTEROS
"Trabajaremos para poder anunciar en un plazo máximo de 30 días la integración del órgano ciudadano y su forma de operar", sostiene el acuerdo. Por primera vez en la historia de México, más de 60 directivos de medios de comunicación se unen para firmar un protocolo que ampare la seguridad de los reporteros que cubren esta información, principalmente en los estados del norte y centro del país.
Los testigos ciudadanos que avalan este acuerdo son: José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Federico Reyes Heroles, presidente del Consejo Rector de Transparencia Mexicana; Juan Ramón de la Fuente, presidente de la Asociación Internacional de Universidades, el escritor y poeta, Homero Aridjis, Yoloxóchitl Bustamante Díez, directora general del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el empresario Alejandro Ramírez Magaña.
Así como también Juan Manuel Durán, rector de la Zona Metropolitana de la ciudad de México del ITESM; Héctor Aguilar Camín, director general de la Revista Nexos; Julieta Fierro Grossman, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM; Rodrigo Villar Esquivel, director general de New Ventures Global y Armando Laborde de la Peña, director de Ashoka México.
Este documento ciudadano también está respaldado por más de 45 representantes de organizaciones sociales y civiles; más de 250 personas que firman como adherentes entre los que se encuentran periodistas, académicos, intelectuales, empresarios, etc.
Las organizaciones sociales y civiles que respaldan el documento, entre muchas otras, está la Asociación Alto al Secuestro de Isabel Miranda de Wallace; Causa en Común de Maria Elena Morera; Artículo 19 para México y Centroamérica, A favor de lo mejor en los medios, el Consejo de la Comunicación, el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y American Chamber of Commerce.
Entre los adherentes están Emilio Álvarez Icaza, Tristán Canales, José Cárdenas, José Carreño, Rolando Cordera, Valentín Díez Morodo, Claudio X González Laporte, Carlos Elizondo Mayer-Serra, Rafael Zaga Kalach, etc.

10 CRITERIOS EDITORIALES BÁSICOS:
1.   Proteger a los periodistas de la violencia del crimen organizado: Cada medio de comunicación debe instituir protocolos y medidas para la seguridad de sus periodistas. No firmar las notas, hacer coberturas conjuntas y no hacer transmisiones en vivo sobre estos temas.
2.   Los medios de comunicación deben solidarizarse ante cualquier amenaza de que sean víctimas, incluso hacia sus reporteros, por parte del crimen organizado y grupos terroristas para influir en la línea editorial.
3.   Los medios de comunicación no deben difundir información que ponga en riesgo la viabilidad de las acciones y los operativos contra el crimen organizado o que comprometa la vida de quienes combaten la delincuencia o a sus familias, como son los policías, fuerzas armadas, investigadores, jueces y cualquier otra autoridad vinculada a la seguridad y justicia.
4.   En caso de que alguna acción del Estado en el combate a la delincuencia organizada caiga en excesos, esté fuera de la ley o viole los derechos humanos, siempre habrá que consignarlos.
5.   Bajo ninguna circunstancia, los medios deben justificar las acciones y argumentos del crimen organizado y el terrorismo. Deben evitar el lenguaje y terminología empleada por los delincuentes.
6.   Los medios deben establecer criterios para determinar el espacio que asignen a la publicación de notas, difusión de imágenes y fotografías de actos de violencia y terrorismo. Siempre advertir al público sobre la difusión de imágenes explicitas.

7.   Resguardar la integridad e identidad de las víctimas y de los menores de edad.
8.   Los medios deben manejar siempre la presunción de inocencia hasta en tanto no se haya dictado sentencia condenatorias o estén confesos. Los medios exigirán información sobre las detenciones y, en general, sobre la actuación del gobierno en sus acciones e investigaciones sobre el crimen organizado.
9.   Los medios deben promover que la ciudadanía denuncie a los delincuentes y participe, dentro de su ámbito, en la prevención del delito y reducción de la violencia. Siempre que sus acciones no los pongan en riesgo frente a los criminales.
10.   Una de las funciones de los medios es denunciar el ejercicio indebido del poder.